ENCUENTRO TERRITORIAL PARA LA PAZ EN COLOMBIA
Caminemos y tejamos juntos la Paz
En este primer apartado, simplemente reproduzco la convocatoria y las conclusiones de los 3 grupos de trabajo del Encuentro realizado en Valencia en el mes de marzo de 2013. En un próximo apartado agregaré algunas imágenes de ese día.
CONCLUSIONES
DEL ENCUENTRO TERRITORIAL
PARA
LA PAZ EN COLOMBIA (Valencia, 23/03/2013)
El
Encuentro Territorial para la Paz en Colombia, celebrado en Valencia
el 23 de marzo, saluda
el esperanzador Proceso de Paz que está viviendo Colombia en estos
momentos, con
la apertura de diálogos entre el Gobierno Colombiano y las FARC-EP,
a la espera que
se extiendan al resto de la insurgencia, y la gran movilización
popular que se está desarrollando
en todo el país, encarnada en diferentes iniciativas de
participación, que arropan
y alimentan con sus propuestas las conversaciones para conseguir una
solución política
negociada al conflicto social y armado, que asegure la Paz con
Justicia Social
en
Colombia.
Nos
hemos reunido para trabajar conjuntamente en la elaboración de
propuestas que aporten
en el camino de la Paz y estas son nuestras conclusiones:
1.-
La emigración y el exilio colombiano como sujeto político en la
construcción de
la
Paz.
-
En el proceso de paz, debe ser incluida la voz de las personas
migrantes, exiliadas
y refugiadas. Es necesario visibilizar e incluir en las distintasagendas
la voz de las mujeres, las cuales vienen proclamando la exigencia dejusticia
política y social en Colombia.
-
Exigimos que se reconozca a la persona emigrante como sujeto político
y no como
mercancía o fuerza de trabajo disponible, tal y como lo han venido haciendo
las distintas políticas migratorias.
-
Defendemos unos programas de retorno que deben constituirse como una política
de Estado; para esto debe existir una mayor implicación de lasinstituciones
(SENA, entidades financieras, universidades, consulados), así como
una asignación presupuestario suficiente.
-
Los planes y proyectos deben ser accesibles para que atiendan las necesidades
y particularidades de los emigrados. Un primer paso es la puesta en
marcha del Sistema Nacional de Migraciones, para esto proponemos que se
constituyan Casas del Emigrante, como espacios de acogida de las colombianas
y los colombianos retornados en las que se ofrezcan los siguientes
servicios: apoyo psicológico, orientación laboral, apoyo para la
reconstrucción
de redes.
-
Una de las condiciones esenciales para el retorno es que se lleve a
cabo un proceso
serio de justicia, paz y reparación para las víctimas del conflicto armado
y se creen las bases para una paz duradera, las cuales se edifican sobre
la reforma agraria y la soberanía popular.
-
Es necesario construir una memoria histórica del fenómeno
migratorio colombiano
que recoja las causas y sistematice las diferentes experiencias, para
esto se debe hacer un censo urgente de la diáspora colombiana, que
dé a conocer
cuántos somos y dónde estamos.
-
El Gobierno Colombiano debe recoger aquellas propuestas que se vienen construyendo
en Colombia con las que se está impulsando un modelo de desarrollo
humano y sostenible en Colombia, autónomo, endógeno y ajeno al etnocentrismo.
En esta tarea las colombianas y colombianos emigrados pueden
y deben aportar su experiencia, para proponer alternativas al modelo de
desarrollo vigente que es claramente insostenible desde un punto de
vista social,
político y ecológico.
-
Exigimos la participación de la sociedad civil en el proceso de paz; visibilizando
la lucha de las personas refugiadas, especialmente la de las mujeres.
-
Es fundamental defender los acumulados de las organizaciones y los colombianos
y colombianas en el exterior. Para conseguirlo, se pueden generar
foros amplios de participación o sumar a los ya existentes, de forma que
se dé continuidad con la construcción política y la consolidación
de procesos
de participación ciudadana. En este proceso de consolidación organizativa
es importante seguir trabajando para que las distintas plataformas
que trabajan por la paz en Colombia lleguen a acuerdos y se generen
dinámicas de coordinación a nivel local, nacional e internacional.
-
Debemos promover y apoyar sistemáticamente la participación de los ciudadanos
y ciudadanas emigrados, en un proceso de doble vía entre organizaciones
y el Estado, cumpliendo una labor de veeduría y control de los
diferentes programas, de forma que realmente se lleven a cabo y
cumplan sus
objetivos.
-
La exigencia de garantías para el retorno es un elemento central de
nuestro trabajo.
Para ello, nos comprometemos a generar espacios para la articulación
de las distintas dinámicas organizativas de los colombianos y colombianas
en el exterior, sólo mediante la unidad en la acción lograremos que
sean tenidas en cuenta nuestras exigencias y propuestas.
2.-
Mecanismos, garantías y estrategias de participación política.
Reconocemos el dinamismo y la presencia del movimiento social colombiano,
que ha desarrollado una estrategia de resistencia de las organizaciones
populares, constituida en sí misma en propuesta política, que incluye
acciones transformadoras. Es fundamental que la propuesta comprenda
la construcción de Poder que legitime al movimiento social frente
a la sociedad y al Estado. Este es un trabajo que debe hacerse desde
la base
de las organizaciones.
Consideramos importante que se protejan las experiencias populares existentes
y, para ello, ha de fortalecerse el movimiento social. Destacamos las
siguientes iniciativas como esenciales para este fin:
-
Canalizar el resentimiento, la rabia y la impotencia que inmoviliza a
la sociedad.
-
Superar estereotipos culturales que persisten en el imaginario
social, que nos marcan e impiden generar confianzas dentro de las propias
organizaciones sociales.
-
Generar procesos educativos para superar el miedo y conseguir legitimación
ante la sociedad.
-
Conseguir una situación de cese al fuego real, lo que favorecería
un ambiente
de participación.
-
Trabajar por la unidad en el movimiento social, sumar las diferentes
inconformidades, identificar y trabajar sobre lo común para elaborar
propuestas y metodologías comunes. Con ello avanzaríamos en
la legitimación y la construcción de poder.
-
Desarrollar las estrategias de protección de las y los integrantes
de los
movimientos sociales, de nuestros líderes, de nuestras organizaciones.
Exigimos
al Estado las siguientes garantías:
-
Cumplimiento de la legalidad, en especial en lo referente a la defensa
de la vida, de los Derechos Humanos, la redistribución de la riqueza
y el reparto de la tierra.
-
El reconocimiento y protección de los movimientos sociales como actores
políticos de pleno derecho.
-
El cese de la represión de los movimientos sociales. Denunciamos, en
este sentido, la contradicción existente entre el desarrollo de los diálogos
de La Habana, como apuesta por el proceso de Paz, y el aumento
de las agresiones contra las defensoras y defensores de los Derechos
Humanos en Colombia.
-
Exigimos, asimismo, el desmantelamiento del paramilitarismo, que como
estrategia terrorista del Estado Colombiano constituye un grave obstáculo
al proceso de Paz.
-
El Estado debe velar por que los medios de comunicación transmitan
un discurso plural.
-
No debe permitir que las empresas transnacionales dicten las políticas
e incluso decidan sobre la participación popular.
-
Debe facilitar la participación política de los sectores más desfavorecidos
de la sociedad, tradicionalmente excluidos. En especial, debe
implementar fórmulas para la participación social y política de
las colombianas
y colombianos en el exterior.
-
Debe garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación
de las
víctimas de crímenes de Estado.
-
El Estado no debe asumir la representatividad de la sociedad civil en
el proceso de paz, por el contrario debe garantizar la participación en
las conversaciones de los sectores populares colombianos.
-
Consideramos que las reglas de juego actuales no garantizan una participación
efectiva por lo que hay que cambiarlas, incrementando la capacidad
de incidencia política de los movimientos sociales.
-
Exigimos, por ello, al Estado la creación de espacios seguros que
permitan la participación
política de aquellas opciones que pretenden cambiar el actual modelo
excluyente.
3.-
Papel de la comunidad internacional y de la solidaridad
internacionalista en el
Proceso
de Paz.
-
Creemos que la comunidad internacional debe jugar un papel
fundamental deacompañamiento
y facilitación del proceso, así como de apoyo decidido para cumplir
los eventuales acuerdos a los que se llegue. En este sentido, exigimos
una implicación más activa del Gobierno Español y de la Unión Europea,
los cuales hasta el momento han mantenido una posición distanciada.
-
El Gobierno Español y la Unión Europea han de incidir políticamente
en las partes
en conflicto en favor del respeto a los Derechos Humanos y al Derecho
Internacional Humanitario, así como en la consecución de una Paz con
Justicia Social. Se hace así imprescindible que la insurgencia colombiana
sea excluida de la lista de organizaciones consideradas terroristas
por la Unión Europea.
-
El Congreso de los Diputados y los Parlamentos Autonómicos deberían posicionarse
claramente a favor de la Paz con Justicia Social en Colombia, solicitando
una mayor implicación del Gobierno Español. Proponemos la creación
de un grupo de trabajo conjunto por Colombia compuesto por representantes
de los diferentes parlamentos.
-
Creemos que, en términos más amplios, debe haber un incremento de
la presión
política internacional por parte de organizaciones sociales,
partidos políticos
e instituciones, a favor de la Paz con Justicia Social en Colombia.
-
Exigimos la no ratificación del Tratado de Libre Comercio entre la
Unión Europea
y Colombia, ya que impone un modelo económico y comercial perjudicial
para las clases populares colombianas y dificulta la consecución de
un acuerdo negociado de superación del conflicto social y armado.
-
Consideramos imprescindible que se hagan públicos los intereses económicos
de los diferentes grupos empresariales extranjeros en Colombia, en
especial de los españoles.
-
Exigimos el control efectivo del comercio internacional de armas, que perpetúa
los conflictos y causa emigración.
-
Desde la Solidaridad Internacionalista debemos defender que la Paz en Colombia
solo será posible si se actúa sobre las causas estructurales del conflicto.
Creemos que hay que construir la Paz con Justicia Social.
-
Apostamos por la renovación del compromiso y por el fortalecimiento
de los tradicionales
vínculos de la Solidaridad Internacionalista con los movimientos
sociales, las organizaciones populares y las comunidades colombianas,
que nos han permitido un acompañamiento más eficaz, basado en
un conocimiento real de la situación del país.
-
Consideramos como una tarea fundamental de la Solidaridad Internacionalista
el apoyo a las víctimas del conflicto social y armado que sufre
Colombia.
-
Creemos esencial el apoyo de la Solidaridad Internacionalista a las organizaciones
colombianas de mujeres y su enfoque de género para la salida al
conflicto social y armado.
-
La Solidaridad Internacionalista debe seguir denunciando la grave
crisis de Derechos
Humanos que vive Colombia, en especial en estos momentos, cuando
las organizaciones populares y los defensores de Derechos Humanos sufren
una grave arremetida de amenazas, agresiones y represión.
-
Destacamos la importancia de la coordinación en el trabajo de
solidaridad con
Colombia, realizada desde una perspectiva territorial o sectorial. Consideramos
que esta coordinación tiene su mejor expresión en la Plataforma
por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia (Estado Español).
El trabajo coordinado, en base a decisiones consensuadas, nos permitirá
una mayor incidencia tanto a nivel nacional como internacional.
-
Desde la Solidaridad Internacionalista debemos seguir trabajando en
la presión
a las autoridades de nuestros países, tanto a nivel europeo,
estatal, como
autonómico, para que adopten un papel más proactivo en la exigencia del
respeto a los Derechos Humanos en Colombia y en la tarea de la consecución
de la Paz con Justicia Social. En este sentido, creemos importante
animar la realización de misiones de verificación con políticos de todo
el Estado, así como la adopción de iniciativas legislativas en los diferentes
Parlamentos.
-
Denunciamos las dificultades que hemos encontrado en el Gobierno
Español y,
en nuestro caso, en el Partido Popular valenciano, el cual está
bloqueando cualquier
iniciativa parlamentaria en este sentido, así como negándose a cualquier
exigencia dirigida al Gobierno Colombiano, con el que ha mantenido
buenas relaciones y desestimando toda propuesta de apoyo institucional
o de cooperación a las organizaciones de Derechos Humanos colombianas.
-
Creemos que es muy importante mejorar nuestra capacidad de acceso a
los medios
de comunicación, para contrarrestar la imagen distorsionada que ofrecen
de la realidad colombiana, generalmente vinculada al discurso oficial y
a los intereses de los grandes grupos económicos. Para ello, debemos renovar
nuestro discurso, haciéndolo más accesible a la opinión pública
y, en especial,
más atractivo para los jóvenes, de los cuales necesitamos urgentemente
su participación. Pensamos que sería también beneficioso para este
propósito crear un mecanismo coordinado de difusión, para la
incidencia pública
y el análisis de la situación colombiana y el proceso de Paz.
-
Creemos que esta labor de incidencia pública se debe realizar de
forma paulatina,
gota a gota, acudiendo a los barrios, a los pueblos, activando colectivos
de influencia (asociaciones, movimientos, universidad, iglesia). No
obstante, en momentos de urgencia, como el actual, quizás sería conveniente
desarrollar de forma unitaria actos públicos, campañas (con la participación
de personajes famosos).
-
Proponemos para el 9 de abril la realización simultánea, en
diferentes ciudades
del Estado, de actos públicos en apoyo a la gran marcha por la Paz que
se celebrará ese día en Bogotá. Proponemos también, ya para el
segundo semestre
del año (preferiblemente en conjunción con alguna convocatoria amplia
en Colombia), la realización de un acto central y bien planificado, acompañado
de actividades preparatorias descentralizadas, impulsado por la Plataforma
por la Paz y los Derechos Humanos (Estado Español).